Juicio político a los 9 del Jovellanos

Víctor Muiña / La Voz de Asturias, 4 de octubre de 2016 — Antes de explicar mis impresiones acerca del proceso a los llamados 9 del Jovellanos, debo de realizar algunas consideraciones: la primera y quizá más importante es admitir públicamente que uno de los acusados es mi amigo, un buen amigo, y eso probablemente influye en mi postura personal con respecto a un caso que considero un juicio político.

Diré también que, aunque personalmente apoyo las campañas de boicot a Israel, no quise participar en la protesta que se celebró aquel 24 de julio de 2014 frente al teatro Jovellanos porque no me siento cómodo con las acciones que pueden violentar a terceros. En cualquier caso, aunque yo habría preferido limitar la convocatoria a sus aspectos informativos, que nadie se engañe: en la lucha propagandística que rodea este conflicto, la proyección cultural del Estado de Israel es importante y comparto que se reconozca este aspecto como uno más de los muchos engranajes que se utilizan para subyugar al pueblo palestino.

Por último, debo advertirles que, al haber decidido no asistir a la protesta, no presencié directamente los hechos por los que ahora se les piden quince años de cárcel a estas nueve personas; sin embargo, Gijón es un lugar pequeño (más aún para este tipo de cosas) y conozco a muchísima gente que estaba allí por diversas razones: unos, para protestar por la actuación de una compañía israelí precisamente en una semana muy dura para el pueblo palestino; otros simplemente pasaban por allí. Entre las personas con las que he repasado lo que ocurrió aquel día caben todas las ideologías. Tienen visiones muy diversas sobre la protesta y, si bien sus testimonios son divergentes en algunos aspectos, todos coinciden en que el forcejeo de los manifestantes con la policía fue muy breve y que tras él lo único que vieron fue al exconcejal de Izquierda Unida, Jesús Montes Estrada, malparado en el suelo. Nadie en toda la ciudad (y en Gijón hay personas muy críticas con quienes trataron de impedir el acceso del público al teatro) puede decir sin ruborizarse que se agrediera a ningún policía.

A partir de entonces, todo empezó a complicarse. Alguno de los acusados afirma que estuvo parlamentando sosegadamente con la policía tras el altercado y solo fue identificado, muchas horas después, cuando ya se iba para su casa; las demandas de los agentes contra los procesados llegaron con retraso y solo después de que los propios policías fueran denunciados por agresión. Fue entonces cuando supimos de los partes de lesiones de los agentes, que según parece salieron mucho peor parados de lo que cualquier testigo podría haber imaginado. Hasta tal punto fue así, que alguno de ellos estuvo varios meses de baja por depresión ante lo traumático de la intervención. Finalmente, pareció que el desatino iba a terminar con el archivo de la causa, pero el juez titular de la instancia en la que recaló el caso revitalizó el proceso e imputó a los acusados el delito de atentado que les solicitaba la acusación particular (no la fiscalía).

El procedimiento no soporta ningún análisis mínimamente riguroso y quien no vea en todo este caso una persecución política digna del periodo macartista, es porque es partidario de ella. Estamos en el año 2016 y en este país se le piden más años de cárcel a un grupo de personas que en el peor de los casos se excedió en su protesta contra una representación teatral, que a la caterva de indeseables que organizaron durante años fiestas ilegales en los pabellones de Madrid y por culpa de los cuales acabaron muriendo cinco menores. Si el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no lo remedia, alguno de los acusados podría tener que entrar en prisión una buena temporada (no como Blesa, que solo ha desfalcado miles de millones de euros) y otros quedarán inhabilitados para ejercer profesiones a las que han dedicado toda su vida.

Semejante desatino solo puede darse en una sociedad como esta, que desde el fin de la dictadura no ha sido capaz de comprender que las fuerzas del orden público deben estar al servicio de los ciudadanos y no de quienes mandan directamente en ellas. ¿Aceptaríamos que los médicos trataran de hacer daño a sus pacientes? ¿Entenderíamos que los profesores se negaran a enseñar a los hijos de sus enemigos políticos? ¿Por qué entonces permitimos que caiga sobre nueve de nuestros vecinos el peso de una ley indigna y desproporcionada?

Hubo mucha gente en la concentración del pasado 29 de septiembre, de nuevo frente al teatro Jovellanos, pero no la suficiente. Conozco algunas personas que decidieron no asistir porque temían que la manifestación adquiriese nuevamente un matiz ideológico que no comparten. Efectivamente, la marcha hasta Begoña estuvo plagada de banderas palestinas y enseñas de los partidos políticos de izquierda. En cualquier otra ocasión, sería el primero en reconocer que la aparición de dichos símbolos priva a este tipo de protestas de cierta transversalidad, pero debemos recordar que nueve de nuestros conciudadanos están siendo perseguidos, precisamente, por compartirlos. De este modo, su importancia y su significado se acrecientan si cabe todavía más: se supone que en nuestra sociedad debe ser legítimo enarbolarlos y arruinar la vida de nueve personas por culpa de sus ideales es un crimen.

Víctor Muiña es profesor de Historia y director de la revista cultural La soga.

Fuente: Juicio político a los 9 del jovellanos

Editado por dnp

Javier Villate

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